Reflexiones sobre decreto No. 1780

Por: Carlos Bacacela A.

La expedición del decreto N° 1780 hecha por el Presidente de la República, el cual renueva por diez años más la presencia de las misiones católicas Salesiana, Capuchina, Franciscana (entre otras), pone en la mesa del debate y la discusión varios elementos de carácter ideológico y cultural que son necesarios para poder reflexionar sobre los alcances y fines de este.

Allí se menciona que uno de sus objetivos, es el incorporar a la vida socio económica y cultural del Ecuador a todos los habitantes de las provincias Amazónicas, Esmeraldas y Galápagos. Aquí cabe detenernos en la historia reciente de nuestro país, pues estas “misiones” católicas han estado presentes en nuestra amazonía por más de cincuenta años y que coincidencialmente se empata con la presencia de las petroleras Shell y Texaco en estos territorios.

Patricio Trujillo, en su libro “Salvajes, Civilizadores y Civilizados”, nos cuenta como La misión Salesiana ingresa al Oriente ecuatoriano en 1944 tras firmar un contrato con el Estado, en este convenio se comprometen a la “reducción de jíbaros”, lo que implicaba labores de educación, evangelización y civilización de la nacionalidad Shuar, para este cometido también se les adjudicó grandes cantidades de tierras bajo su administración. En el periodo 1950-1965, se abren los internados de educación y evangelización. Según testimonios recopilados por el autor, para los Shuar que ingresaban a estos internados era prohibido hablar en su lengua natal, se les tildaba de salvajes y piojosos, se incitaba a que deben portarse como los colonos y dejar de ser guerreros; se les obligaba a ponerse uniformes y a trabajar en labores de desmonte de la selva para labores agrícolas. Esto generó en los Shuar varios conflictos fundamentalmente en su organización económico-social, política y cultural, muchos al salir de estos internados terminaron renegando de su pasado.

Otro caso no muy conocido es el Proyecto civilizador del Instituto Lingüístico de Verano, el cual se asentó en el año de 1953 en el poblado de Shell (que en un inicio fue campamento de la petrolera del mismo nombre y que poco a poco se convirtió en un poblado) en el Puyo. Su intención fue el “convertir” a la fe cristiana a los Waoranis; triste es el caso de la Indígena Dayuma quien fue utilizada como “experimento” para mostrar los resultados de la evangelización, fue instruida en el conocimiento de la Biblia y demás costumbres cristianas, lo que significó la distorsión y pérdida de su identidad, además que sirvió como instrumento para iniciar el proceso de colonización y sometimiento cultural con los demás miembros de su nacionalidad.

Este proceso de “reducción de indios”, tuvo sus resultados a finales de 1968, logrando que cerca del 80% de Waoranis abandone sus tierras, quedando solamente los que hasta la actualidad habitan el Parque nacional Yasuní. En el año de 1976 la misión Capuchina ingresa a la Amazonía ecuatoriana con el objetivo de civilizarlos, bajo los mismos parámetros antes mencionados.

Entonces eso de que estas misiones, como reconoce el decreto, han venido laborando eficazmente por el progreso de estos sectores del territorio nacional, merece ser evaluado de una forma objetiva, ya que han pasado cerca de 50 años y vemos que las condiciones de vida de estos pueblos continúan enfrentando serias dificultades.

El carácter ideológico y político que han jugado para el imperialismo la evangelización, precisamente han logrado deformar y en algunos casos enajenar completamente la identidad de los pueblos con el fin de ganarlos para sus intereses. En la cosmovisión de los pueblos indígenas de la Amazonía, el bosque, el agua y los animales son morada de los espíritus y atentar contra su medio ambiente es atentar contra su forma de vida. Estos pueblos por historia guerreros han utilizado la fuerza para defender sus territorios de todo tipo de amenaza. Contra esta característica apuntaron fundamentalmente estas misiones cuyo objetivo era “amansarlos” y prepara el terreno para la entrada de las transnacionales. La religión católica, durante siglos ha servido como instrumento de carácter ideológico de las clases dominantes, de ella se han valido para legitimar el estado de las cosas, y desarrollar en la conciencia de los pueblos la imposibilidad de cambiar las cosas, de esperar que un “salvador” ayude a resolver sus problemas. Además, esta se ha desplazado valores que son ajenos a sus intereses y reemplazarlos por otros que ayuden a sostener el sistema económico imperante.

Si bien es cierto que estas misiones han impulsado acciones en el ámbito de la salud, la educación, la agricultura y la ganadería, también es cierto que a los pueblos, que han recibido esta ayuda, les ha costado la renuncia, en mucho de los casos, a su modo de vida, lo que ha ido en beneficio del desarrollo de un modelo extractivista que está poniendo al borde del colapso a la Amazonía ecuatoriana.

Esta primera reflexión nos arroja dos cuestionamientos.

En este decreto se menciona el Art. 5 literal A del convenio N°169 de la OIT denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, en el cual determina que deben reconocerse y protegerse las prácticas, sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos indígenas y tribales. La duda está, en que estas misiones ¿Cumplirán fielmente con este principio, pues hemos constatado los resultados de su labor en la Amazonía por casi 50 años?

La nueva Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 57 numeral 21 determina que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas y hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio que será tipificado por la ley”. ¿Acaso la intromisión de dichas misiones no violan el derecho de autodeterminación de estos pueblos?

Otro tema a tener en cuenta es el carácter laico del Estado consagrado en el Art.1 de la constitución, ya que este decreto en la clausula primera litera b, autoriza a las misiones la creación de centros de educación con el financiamiento del estado, según este, anualmente recibirían más 200 mil para cubrir los gastos referente a mantenimiento de obras, El literal h, hace mención al apoyo que deben dar los ministerios de agricultura y pesca, ambiente, y el INDA, para las actividades productivas que emprendan en esas zonas. Aquí el cuestionamiento está en que si el estado ecuatoriano se declara laico ¿A caso no estamos retrocediendo más de 100 años atrás, cuando antes de la revolución liberal encabezada por el General Alfaro, el estado estaba regido por los designios de la iglesia católica representados por García Moreno, y el comportamiento de la sociedad ecuatoriana estaba marcada por un exacerbado fanatismo religioso? Uno de los logros de la revolución liberal fue precisamente desterrar de las funciones del estado la influencia y el poder que tenían la iglesia, gracias a esto la educación en el país inicio a separarse de los dogmas de la religión, y de ponerse al alcance de la población en general, pues antes del ascenso del Alfaro a la presidencia, la educación era solamente privilegio de pocos y era controlada prácticamente en su totalidad por la iglesia. Por tal razón creemos que este decreto a más de inconstitucional, es una clara demostración de las contradicciones que el presidente de la república tiene en la aplicación de su política educativa, y de su concepto de cambio revolucionario.

Para terminar queremos sentar que no nos oponemos a que los nacionalidades indígenas que habitan la Amazonía y parte de Esmeraldas, puedan desarrollar sus derechos que la constitución les otorga, además ponemos en claro que el estado tiene la obligación de llevar adelante estos procesos de integración, pues creemos que el contacto de pueblos y culturas tiende a la universalización de valores y conocimientos los cuales son positivos y enriquecedores para los involucrados. Pero permitir que estos procesos sean dirigidos por estas misiones, que lo único que han hecho es deformar la identidad de estos pueblos, es una burla a los siglos de lucha en contra del colonialismo y el neocolonialismo.

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Sobre los Comités de defensa de la revolución de PAIS

Por: Renán Proaño Muñoz

“El gran desafío en esta nueva etapa de la revolución es crear en cada casa un comité revolucionario, en cada barrio un comité de defensa del gobierno nacional y de la Revolución Ciudadana para estar preparados frente aquellos que quieren desestabilizarnos”

Presidente Rafael Correa | 10 de agosto 2009

El papel del estado, cualquiera sea el caso dentro de las sociedades divididas en clases, tienen que ver con la garantía del status quo de dominio de una clase sobre otra. Es decir, el estado surge como la organización de las primeras clases económicamente dominantes para mantener el orden de cosas existente, y en esa lógica aplastar la resistencia de las otras clases –léase trabajadoras-, valiéndose de los instrumentos que la humanidad a procurado para el efecto: leyes, religión, cuerpos policiales, ejércitos, etc.

La historia del Ecuador replica por lo tanto, una forma de estado que ha sido el caballito de batalla y escudo protector de las clases dominantes desde tiempos de la Gran Colombia. Incluso antes de conquistar la independencia de España, los intereses criollos de grupo ya marcaban las futuras fronteras de los estados; estas encerraron el espacio territorial donde las leyes, por lo tanto los ejércitos permitieron la dominación de terratenientes, hoy “grandes empresarios”, en detrimento de una masa de trabajadores cada vez más extensa.

Esa división de pobres y ricos garantizada a lo largo de la historia por el estado, sea este esclavista, feudal o capitalista, no ha sido ni puede ser resuelta sin la destrucción de ese tipo de organización social. Resolver esa brecha significa entonces, el cambio de ese tipo de estado, en función de uno nuevo, que ponga a los trabajadores como eje y centro para la distribución de la riqueza, acabando progresivamente con la división de clases. Esto en el ideal escenario de querer resolver definitivamente el asunto.

Pero el estado de la revolución ciudadana más allá de atender elementos básicos que se derivan de la pobreza, como son: la salud gratuita, algo en la educación, tributación, etc., que en definitiva son su responsabilidad, no ha tocado el problema de fondo, es decir, el estado sigue siendo garante de la propiedad privada y por lo tanto multiplicador de ecuatorianos pobres, expuestos a las leyes del capital y su propia crisis.

En este entorno hay que analizar el llamado a la constitución de los “comités para la defensa de la revolución” desde varios puntos de vista.

Primero, el gobierno no ha afectado la propiedad privada. No hay redistribución de la tierra y/o de los medios de producción; ni de lejos se han nacionalizado los recursos naturales, ni los estratégicos. Lo que hay es un nuevo reparto de ellos; son nuevos sectores de la burguesía nacional quienes terminan siendo beneficiados, junto a intereses transnacionales, visibles en las inversiones chinas, españolas o brasileñas en el asunto petrolero o de construcción de obras públicas. Con esto, sí se ha afectado a una burguesía “tradicional” que ha lucrado en el transcurso de casi dos siglos, trayendo por añadidura su resistencia, catalizada por la experiencia y fuerza acumulada en todos sus años de gobierno. Esta franja dará pelea por reconstituirse, independientemente de la radicalización o no del gobierno de Correa.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el sistémico del capitalismo. La crisis se desbordó en el centro global financiero, y sus embates se replican en los países dependientes, impidiendo ubicar el tiempo que tomará la recuperación de este ciclo. Sin duda, esto entraña la necesidad de garantizarse los recursos naturales necesarios para su subsistencia, recuperación y futura ganancia, así como de los mercados para la venta de sus productos. Para ello la guerra fratricida es la carta que han usado las potencias con vistas a resolver sus crisis.

En este marco, se busca justificar por todos los medios la presencia norteamericana a nivel planetario, como garantía coercitiva de dominio y amenaza latente a su competencia comercial y militar. En Sudamérica el objetivo son los recursos naturales explotables, particularmente el petróleo venezolano, los metales como el oro y el cobre, así como el agua dulce. Frente a esta envestida coinciden gobiernos nacionalistas y pueblos en lucha por la defensa de su soberanía. Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc., son la piedra en el zapato de los EEUU, que anuncia la acción organizada junto a otros pueblos –como el colombiano-, por su autodeterminación, convirtiéndonos en enemigos de la Casa Blanca.

En el Ecuador confluyen la resistencia de una burguesía golpeada –pero no vencida- con la geopolítica norteamericana de dominio. Son dos elementos complementarios a la hora de defender sus intereses, por lo que crean las condiciones idóneas para levantamientos civiles o militares en contra de gobiernos de esta tendencia (Honduras), a la par de la ocupación física con militares en la región.

¿Cómo lo justifican? Se ha creado un ambiente explosivo, marcado de choques entre presidentes en torno al problema de la guerrilla colombiana y el narcotráfico, pero también dando la imagen de que ese conflicto ha desbordado fronteras. Se acompaña en el Ecuador y los países hermanos, de una escalada de violencia interna de tipo delincuencial, que sumada a la conflictividad política, son caldo de cultivo para la entrada de “gobiernos de mano dura”. La prensa cierra el círculo atizando esta imagen y juega un papel incluso en la movilización, siempre en contra de los intereses populares.

Este escenario no es nuevo, responde a las prácticas implementadas por las agencias de inteligencia –como la CIA-, que en verdaderas operaciones psicológicas siembran la película del caos en la que solo el héroe yanqui puede dar solución. De esto la burguesía nacional es la primera beneficiada, por ello defienden abiertamente las bases militares en Colombia e incluso, algunos desentonados reclamaron por la salida del FOL de Manta. No sería raro que inviertan en la reactivación de una guerra sucia, como la de los años sesenta, en la que conservadores dinamitaron iglesias haciéndose pasar por comunistas. El titular: “Ajusticiado por sicarios” ha dejado de ser novedad. Para la derecha y Obama, lo mejor que puede ocurrir es la propagación del delito, el conflicto entre vecinos, entre organizaciones sociales y populares, en definitiva la anarquía total. Incluso en PAIS hay quienes le apuestan a ello.

Claro que hay que defender la asistencia a salud, educación, vivienda, etc., el asunto está en la forma. Correa y PAIS apuestan a los comités de defensa como medida para crecer su base social y con ello mantenerse en el gobierno.

Existen aspectos que imposibilitan el futuro de estas organizaciones. Uno es la falencia de un discurso coherente y unificador en torno a principios; Correa y PAIS brindan un llamado abstracto a los cuatro vientos, muy general, sin objetivos inmediatos o de mediano plazo, que permitan su movilización y cohesión. De echo PAIS no es una organización unificada, hace aguas por todas partes. Además, existe una contradicción entre el carácter social de la organización de los CDR´s, donde la participación promueve el surgimiento de nuevos lideres, y la posición casi mesiánica de Correa y sus pequeños caciques que no aceptan competencia.

Lo dicho no niega la organización popular; al contrario, las organizaciones y partidos políticos de izquierda son por excelencia la defensa de las conquistas sociales, y por ello, su crecimiento es indispensable para enfrentar el ataque de la derecha, sus grupos económicos y la agresión imperialista en el plano que este se presente.

Hoy existen miles de núcleos familiares y barriales. Sus limitaciones tienen que ver con los alcances de la propuesta socialdemócrata que los inspira, pero su importancia radica en la capacidad de respuesta que estos tengan incluso frente al régimen, en términos de organización y combate. Ubiquemos también, que la direccionalidad que se les de, puede cambiar de manera drástica el tablero político en dos sentidos: uno, si sus esfuerzos apuntan contra luchadores populares y sus organizaciones, en claro retroceso, y otro, constituyéndose en el dínamo hacia la radicalización de PAIS . El criterio de unidad entre el pueblo y sus fuerzas, debe permitir que el desenvolvimiento en este andarivel sea matizado por un debate amplio, en miras a una propuesta verdaderamente revolucionaria en la que el pueblo organizado en esta u otras formas, tenga la posibilidad de hacerse del poder.

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