Sobre los Comités de defensa de la revolución de PAIS

viernes, 4 de septiembre de 2009

Por: Renán Proaño Muñoz

“El gran desafío en esta nueva etapa de la revolución es crear en cada casa un comité revolucionario, en cada barrio un comité de defensa del gobierno nacional y de la Revolución Ciudadana para estar preparados frente aquellos que quieren desestabilizarnos”

Presidente Rafael Correa | 10 de agosto 2009

El papel del estado, cualquiera sea el caso dentro de las sociedades divididas en clases, tienen que ver con la garantía del status quo de dominio de una clase sobre otra. Es decir, el estado surge como la organización de las primeras clases económicamente dominantes para mantener el orden de cosas existente, y en esa lógica aplastar la resistencia de las otras clases –léase trabajadoras-, valiéndose de los instrumentos que la humanidad a procurado para el efecto: leyes, religión, cuerpos policiales, ejércitos, etc.

La historia del Ecuador replica por lo tanto, una forma de estado que ha sido el caballito de batalla y escudo protector de las clases dominantes desde tiempos de la Gran Colombia. Incluso antes de conquistar la independencia de España, los intereses criollos de grupo ya marcaban las futuras fronteras de los estados; estas encerraron el espacio territorial donde las leyes, por lo tanto los ejércitos permitieron la dominación de terratenientes, hoy “grandes empresarios”, en detrimento de una masa de trabajadores cada vez más extensa.

Esa división de pobres y ricos garantizada a lo largo de la historia por el estado, sea este esclavista, feudal o capitalista, no ha sido ni puede ser resuelta sin la destrucción de ese tipo de organización social. Resolver esa brecha significa entonces, el cambio de ese tipo de estado, en función de uno nuevo, que ponga a los trabajadores como eje y centro para la distribución de la riqueza, acabando progresivamente con la división de clases. Esto en el ideal escenario de querer resolver definitivamente el asunto.

Pero el estado de la revolución ciudadana más allá de atender elementos básicos que se derivan de la pobreza, como son: la salud gratuita, algo en la educación, tributación, etc., que en definitiva son su responsabilidad, no ha tocado el problema de fondo, es decir, el estado sigue siendo garante de la propiedad privada y por lo tanto multiplicador de ecuatorianos pobres, expuestos a las leyes del capital y su propia crisis.

En este entorno hay que analizar el llamado a la constitución de los “comités para la defensa de la revolución” desde varios puntos de vista.

Primero, el gobierno no ha afectado la propiedad privada. No hay redistribución de la tierra y/o de los medios de producción; ni de lejos se han nacionalizado los recursos naturales, ni los estratégicos. Lo que hay es un nuevo reparto de ellos; son nuevos sectores de la burguesía nacional quienes terminan siendo beneficiados, junto a intereses transnacionales, visibles en las inversiones chinas, españolas o brasileñas en el asunto petrolero o de construcción de obras públicas. Con esto, sí se ha afectado a una burguesía “tradicional” que ha lucrado en el transcurso de casi dos siglos, trayendo por añadidura su resistencia, catalizada por la experiencia y fuerza acumulada en todos sus años de gobierno. Esta franja dará pelea por reconstituirse, independientemente de la radicalización o no del gobierno de Correa.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el sistémico del capitalismo. La crisis se desbordó en el centro global financiero, y sus embates se replican en los países dependientes, impidiendo ubicar el tiempo que tomará la recuperación de este ciclo. Sin duda, esto entraña la necesidad de garantizarse los recursos naturales necesarios para su subsistencia, recuperación y futura ganancia, así como de los mercados para la venta de sus productos. Para ello la guerra fratricida es la carta que han usado las potencias con vistas a resolver sus crisis.

En este marco, se busca justificar por todos los medios la presencia norteamericana a nivel planetario, como garantía coercitiva de dominio y amenaza latente a su competencia comercial y militar. En Sudamérica el objetivo son los recursos naturales explotables, particularmente el petróleo venezolano, los metales como el oro y el cobre, así como el agua dulce. Frente a esta envestida coinciden gobiernos nacionalistas y pueblos en lucha por la defensa de su soberanía. Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc., son la piedra en el zapato de los EEUU, que anuncia la acción organizada junto a otros pueblos –como el colombiano-, por su autodeterminación, convirtiéndonos en enemigos de la Casa Blanca.

En el Ecuador confluyen la resistencia de una burguesía golpeada –pero no vencida- con la geopolítica norteamericana de dominio. Son dos elementos complementarios a la hora de defender sus intereses, por lo que crean las condiciones idóneas para levantamientos civiles o militares en contra de gobiernos de esta tendencia (Honduras), a la par de la ocupación física con militares en la región.

¿Cómo lo justifican? Se ha creado un ambiente explosivo, marcado de choques entre presidentes en torno al problema de la guerrilla colombiana y el narcotráfico, pero también dando la imagen de que ese conflicto ha desbordado fronteras. Se acompaña en el Ecuador y los países hermanos, de una escalada de violencia interna de tipo delincuencial, que sumada a la conflictividad política, son caldo de cultivo para la entrada de “gobiernos de mano dura”. La prensa cierra el círculo atizando esta imagen y juega un papel incluso en la movilización, siempre en contra de los intereses populares.

Este escenario no es nuevo, responde a las prácticas implementadas por las agencias de inteligencia –como la CIA-, que en verdaderas operaciones psicológicas siembran la película del caos en la que solo el héroe yanqui puede dar solución. De esto la burguesía nacional es la primera beneficiada, por ello defienden abiertamente las bases militares en Colombia e incluso, algunos desentonados reclamaron por la salida del FOL de Manta. No sería raro que inviertan en la reactivación de una guerra sucia, como la de los años sesenta, en la que conservadores dinamitaron iglesias haciéndose pasar por comunistas. El titular: “Ajusticiado por sicarios” ha dejado de ser novedad. Para la derecha y Obama, lo mejor que puede ocurrir es la propagación del delito, el conflicto entre vecinos, entre organizaciones sociales y populares, en definitiva la anarquía total. Incluso en PAIS hay quienes le apuestan a ello.

Claro que hay que defender la asistencia a salud, educación, vivienda, etc., el asunto está en la forma. Correa y PAIS apuestan a los comités de defensa como medida para crecer su base social y con ello mantenerse en el gobierno.

Existen aspectos que imposibilitan el futuro de estas organizaciones. Uno es la falencia de un discurso coherente y unificador en torno a principios; Correa y PAIS brindan un llamado abstracto a los cuatro vientos, muy general, sin objetivos inmediatos o de mediano plazo, que permitan su movilización y cohesión. De echo PAIS no es una organización unificada, hace aguas por todas partes. Además, existe una contradicción entre el carácter social de la organización de los CDR´s, donde la participación promueve el surgimiento de nuevos lideres, y la posición casi mesiánica de Correa y sus pequeños caciques que no aceptan competencia.

Lo dicho no niega la organización popular; al contrario, las organizaciones y partidos políticos de izquierda son por excelencia la defensa de las conquistas sociales, y por ello, su crecimiento es indispensable para enfrentar el ataque de la derecha, sus grupos económicos y la agresión imperialista en el plano que este se presente.

Hoy existen miles de núcleos familiares y barriales. Sus limitaciones tienen que ver con los alcances de la propuesta socialdemócrata que los inspira, pero su importancia radica en la capacidad de respuesta que estos tengan incluso frente al régimen, en términos de organización y combate. Ubiquemos también, que la direccionalidad que se les de, puede cambiar de manera drástica el tablero político en dos sentidos: uno, si sus esfuerzos apuntan contra luchadores populares y sus organizaciones, en claro retroceso, y otro, constituyéndose en el dínamo hacia la radicalización de PAIS . El criterio de unidad entre el pueblo y sus fuerzas, debe permitir que el desenvolvimiento en este andarivel sea matizado por un debate amplio, en miras a una propuesta verdaderamente revolucionaria en la que el pueblo organizado en esta u otras formas, tenga la posibilidad de hacerse del poder.

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